El real decreto milagro

4 Diciembre 2010 | 1 Comentario

Cuando se cumplen tres años de opinión generalizada, empresarial y política (salvo desde el gobierno) de que estábamos en crisis, se toman medidas urgentes por Real Decreto-ley, saltándose por tanto al Parlamento. Los técnicos han hecho un buen trabajo para justificar estratégicamente una desesperada búsqueda de liquidez para tapar agujeros, como cuando uno busca un euro en los bolsillos de los abrigos. Las medidas son positivas y toda medida es poca. ¿Por qué no se tomaron en enero 2008? O, siendo algo más concesivo, al menos, ¿una vez ganaron las elecciones?

Así se justifica el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Su finalidad es “incidir directamente en el refuerzo de la confianza de los operadores económicos en la capacidad de la economía española de cumplir con los objetivos de crecimiento, recuperación de la actividad y sostenibilidad financiera, previstos para este año y el próximo ejercicio de 2011.
Con esa finalidad, el Gobierno hace uso de la habilitación contenida en el artículo 86 de la Constitución, asumiendo mediante el presente Real Decreto-ley una serie de medidas cuya adopción mediante el procedimiento parlamentario retrasaría el restablecimiento de ese clima de confianza e, incluso, podría agravar la situación de incertidumbre durante el período de discusión de las mismas”.

Las medidas se agrupan en cinco bloques: reducción de impuestos a pymes, aumento de número de promotores de empleo, liberalización de aeropuertos y loterías, subida de impuestos al tabaco e integración de funcionarios en régimen general de seguridad social.

En cuanto a las pymes, se eleva el umbral para acogerse a régimen especial para pequeñas entidades (hasta 10 millones) así como el tipo del 25% hasta 300.000 euros. También se hace voluntaria la pertenencia a las Cámaras de Comercio lo que -dice- las conducirá a ser más competitivas y prestar servicios con “mayor eficiencia” y de “mayor utilidad”. Una medida que debería ser extensiva a otras instituciones subvencionadas como sindicatos o la Sgae o actividades como el cine.

También se agiliza la constitución de sociedades (de 1 a 5 días) y reducción de los costes de publicidad. Todos los que han pasado por los trámites de crear una sociedad se preguntan por qué la dificultad de poner en marcha una célula de productividad y de contribución a hacienda como es, por principio cualquier empresa; sujeta a la burocracia y los caprichos del registrador.

Para el caso de los aeropuertos y la lotería, se justifica estretégicamente aunque también reconocen que no les viene mal el dinero. Se separa la gestión aeroportuaria de la navegación aérea, dejando la primera a la gestión privada. También se hace para mejorar eficacia y eficiencia de las infraestructuras y los proveedores por lo que uno se pregunta, si está tan claro, por qué no ha sido siempre así. Es reconocer que durante décadas hemos estado tirando el dinero. Se crea una sociedad estatal, con entrada de capital privado (aquí es donde está el fin cortoplacista), aunque manteniendo la mayoría pública, y dejando que cada aeropuerto elija entre creación de sociedades filiales u otorgamiento de concesiones.

En cuanto a garantizar el servicio de navegación aérea se establecen dos medidas: El controlador que deje de prestar servicio por enfermedad, “deberá someterse de manera inmediata a reconocimiento por parte de los Servicios Médicos que facilite la Entidad, quienes verificarán la concurrencia de la misma, y determinarán si ello ha de dar lugar al apartamiento de su puesto de trabajo”. Y, por otro lado, somete a los controladores “a la dirección del Ministerio de Defensa” para garantizar lo que dice una Ley de 2003 (y que otra Ley de 2010 de abril parece no dejaba claro, que ya les vale).

Dicha Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea lo que hace es equiparar la circunstancia de conflicto armado a una decisión del Presidente del Gobierno totalmente discrecional al decir: “4.4 El Ministerio de Defensa también ejercerá el control de la circulación aérea general en los siguientes casos: a. Cuando el Presidente del Gobierno decida que esta competencia sea ejercida por el Ministerio de Defensa, por concurrir circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen”. Vaya a usted a saber si a los próximos que mandarán el Ejército será a los parados que cobran o a los empresarios que tratan de sobrevivir.

En la Lotería se permitirá entrada de capital privado hasta el 49%, separando la faceta operadora y reguladora que hoy reúne Loterías y Apuestas del Estado. La excusa es la entrada del mundo online en los juegos de azar. Vamos, que los empleados públicos no son capaces de reciclarse. Y también adaptarse a la normativa europea. Ninguna de sendas circunstancias han sobrevenido de la noche a la mañana y bien podía haberse gestionado en el Parlamento. Lo que van a hacer es gastarse en unos meses unos beneficios que la empresa estatal habría generado en el largo plazo, actualizarlo a un tipo de descuento que seguro ninguna empresa ni entidad financiera aceptaría de no estar al borde del concurso de acreedores.

Además el Real Decreto-ley dispone duplicar el número de promotores de empleo de los Servicios Públicos de Empleo, de 1.500 a 3.000, a partir de febrero. Claro, uno, después de ver la conveniencia de las anteriores privatizaciones, se pregunta si aumentar la plantilla de estas entidades públicas (entiendo que con carácter temporal porque dice hasta 2012) no será aumentar la ineficiencia. ¿O conocéis a alguien que haya encontrado empleo gracias a estas entidades? Hay mucha entidad de “firme aquí” y “traiga mañana el resto de los documentos” que, sin duda, ha de desaparecer en su actual configuración.

La explicación de la subida de impuestos al tabaco, como siempre, da risa: para que se fume menos. Y, lo mejor, dice: sobre todo los jóvenes. Así que se le sube a todos. ¡Ah! y como ha aumentado más el consumo de picadura de liar, más barato, pues a éste se le sube más. Es lo que tiene reducir el ámbito de responsabilidad y libertad del ciudadano, que luego hay que castigarle porque no decide como debiera.

Comentarios

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